Con una RB de cuantía superior al umbral de la pobreza, no hay duda de que ésta
desaparecería. Además, la RB contribuiría a tratar con mayor eficacia las causas
no económicas de la exclusión social.
Una persona es considerada pobre, desde un punto de vista estrictamente estadístico, si
recibe unos ingresos inferiores al 60% de la renta media del área geográfica de
referencia – definición que hace la Unión Europea-. Por ello, con la implantación de una
RB de una cuantía superior al umbral de la pobreza, no cabe duda de que la casi
totalidad de la población comprendida en las fronteras del Reino de España quedaría
liberada de la pobreza, así entendida. Con la RB se evitarían situaciones sociales,
familiares y personales negativas generadas por la ausencia de medios económicos
suficientes para llevar una vida digna en sociedad.
Sin embargo, la exclusión y discriminación social pueden estar agravadas por causas
psicológicas y/o físicas, y por situaciones como el alcoholismo u otras
drogodependencias, que de existir una RB podrían ser tratados por los trabajadores y
trabajadoras sociales con mayor eficiencia. En la actualidad, el trabajo de los y las
trabajadoras sociales se dirige en la mayoría de los casos a la gestión y administración
de los subsidios que reciben las personas aquejadas por dichos problemas viéndose
obligadas a apartar al menos parcialmente el auténtico cometido de su ocupación, esto
es, hacer frente a problemas como los citados y dar respuesta a las dificultades
personales de estos colectivos generadas por la exclusión que padecen.
Pero debe tenerse siempre presente que la pobreza no es sólo privación y carencia
material. Es también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, quiebra de la
autoestima, aislamiento y compartimentación social de quien la padece.
Una buena RB aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los
desposeídos más capaces de forjar autónomamente las bases materiales de su existencia
social.
desaparecería. Además, la RB contribuiría a tratar con mayor eficacia las causas
no económicas de la exclusión social.
Una persona es considerada pobre, desde un punto de vista estrictamente estadístico, si
recibe unos ingresos inferiores al 60% de la renta media del área geográfica de
referencia – definición que hace la Unión Europea-. Por ello, con la implantación de una
RB de una cuantía superior al umbral de la pobreza, no cabe duda de que la casi
totalidad de la población comprendida en las fronteras del Reino de España quedaría
liberada de la pobreza, así entendida. Con la RB se evitarían situaciones sociales,
familiares y personales negativas generadas por la ausencia de medios económicos
suficientes para llevar una vida digna en sociedad.
Sin embargo, la exclusión y discriminación social pueden estar agravadas por causas
psicológicas y/o físicas, y por situaciones como el alcoholismo u otras
drogodependencias, que de existir una RB podrían ser tratados por los trabajadores y
trabajadoras sociales con mayor eficiencia. En la actualidad, el trabajo de los y las
trabajadoras sociales se dirige en la mayoría de los casos a la gestión y administración
de los subsidios que reciben las personas aquejadas por dichos problemas viéndose
obligadas a apartar al menos parcialmente el auténtico cometido de su ocupación, esto
es, hacer frente a problemas como los citados y dar respuesta a las dificultades
personales de estos colectivos generadas por la exclusión que padecen.
Pero debe tenerse siempre presente que la pobreza no es sólo privación y carencia
material. Es también dependencia del arbitrio o la codicia de otros, quiebra de la
autoestima, aislamiento y compartimentación social de quien la padece.
Una buena RB aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los
desposeídos más capaces de forjar autónomamente las bases materiales de su existencia
social.
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