Renta Básica 20. ¿En qué sentido puede entenderse la RB como un derecho constitutivo de la ciudadanía?

Carece de sentido hablar de “ciudadanía”, a principios del s. XXI, al margen de la
consideración de las condiciones que han de garantizar la seguridad económica de
los individuos pertenecientes a la comunidad política. Sin la posibilidad real, por
parte de éstos, de articular planes de vida propios y de llevarlos efectivamente a la
práctica, una ciudadanía plena resulta impracticable. La propuesta de la RB tiene,
en este punto, mucho que decir.
La centralidad de la RB para enarbolar una idea robusta de ciudadanía resulta evidente.
En efecto, la RB puede actuar como cimiento para la construcción de un concepto de
ciudadanía entendida desde la atención a las condiciones que han de garantizar la
seguridad económica de los individuos. En esta dirección, merece la pena recordar que
la concepción de la ciudadanía y de la participación política propia de la Atenas clásica
democrática iba vinculada a una idea de propiedad entendida como independencia
material: sólo se hallaban en condiciones de participar en política, de desplegar aquellas
disposiciones que tienen que ver con la vida cívica, aquellos individuos a quienes su
condición de propietarios dotaba de la independencia socioeconómica –de la seguridad
en relación con su existencia- necesaria para hacer realidad una auténtica independencia
de juicio; aquellos individuos que, en otros términos, gozaban de la libertad entendida
como reciprocidad en la igualdad, puesto que nadie, en virtud de ningún tipo de
posición social preferente, se encontraba en condiciones de interferir de modo arbitrario
en las decisiones que pudieran tomar; aquellos individuos, finalmente, que podían mirar
a los demás a los ojos, sin necesidad de agachar la mirada, y participar así en la
constitución de un régimen político del que se sintieran efectivamente miembros
reconocidos.
En el mundo contemporáneo, la universalización de la ciudadanía –sobre el papel, todos
somos ya ciudadanos de pleno derecho- exige la “universalización de la propiedad”. En
efecto, con una idea de comunidad política que, lejos de quedar restringida a un
pequeño grupo de propietarios o de notables, es inclusiva de la práctica totalidad de los
moradores de nuestros países –con la grave excepción de los muchos residentes
inmigrantes que carecen de derechos políticos-, medidas como la RB aparecen como un
camino óptimo para la universalización de esa condición de propietarios que, con buen
juicio, los teóricos políticos atenienses situaron en la base del ejercicio, por parte de los
ciudadanos, de las libertades políticas. En definitiva, sin la posibilidad real de articular
planes de vida propios y de llevarlos efectivamente a la práctica, la noción de
ciudadanía se ve esquilmada hasta convertirse en un mero espejismo. La propuesta de la
RB, pues, tiene, en este punto, mucho que decir.
Es incuestionable, sin embargo, que el camino por recorrer hasta alcanzar este objetivo
es largo y difícil. Pero merece la pena recordar el proceso que, en su día, condujo a la
consecución de uno de los hitos más importantes de la historia política contemporánea:
el sufragio universal. La idea del sufragio universal, la idea de conceder el voto a todo el
mundo, con independencia del nivel de renta, de la supuesta excelencia personal, de la
instrucción o del género tuvo ilustres y respetables enemigos tanto en la derecha –por
razones de principio- como en la izquierda –por consideraciones de oportunidad
política-. Sin embargo, esta oposición que tan razonable parecía fue lenta pero
vigorosamente barrida de la opinión pública, mediante heroicas luchas y muchos
retrocesos, por una idea sencilla y éticamente irresistible. De este modo, es difícil
entender hoy la democracia y la libertad sin el triunfo definitivo del sufragio universal.
En esta misma dirección, la democracia y la libertad tampoco se entenderán en el futuro
–o, por lo menos, ésta es una conjetura colmada de esperanza- sin la RB, sin la renta
ciudadana universal, esto es, sin el derecho a la existencia económica y social
garantizado políticamente a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Al igual
que el sufragio universal hace un siglo aproximadamente, la idea de garantizar
políticamente la subsistencia digna a la ciudadanía de un estado democrático, por el
simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, constituye hoy una idea de tanta fuerza
normativa que bien puede acabar barriendo todas las consideraciones de oportunidad
que se le puedan oponer.